Existe una relación dialéctica entre globalización y educación en todos sus ciclos y niveles que se establece a través de los mercados de trabajo, cuya dinámica y estructura están determinados, tanto por los ciclos internos de la economía nacional, como por las características de la división internacional del trabajo en escala planetaria, una de las cuales exige mayores calificaciones, grados académicos y capacitación a la fuerza de trabajo.
Esa conexión brota del carácter internacionalizado que van asumiendo los mercados de trabajo a través de múltiples mecanismos como son la tecnología informática, el intercambio comercial, los flujos financieros, los controles internacionales de calidad de procesos y productos, los niveles de capacitación de la fuerza de trabajo y los salarios, las tasas de productividad y competitividad, etc.
En este contexto, la "globalización" se puede entender por lo menos en tres planos: el económico, el de la sociedad y el de la política. Consideramos que la globalización se ha desarrollado preferentemente en el plano de la economía y de los mercados, bajo la dinámica de una acumulación y centralización de capital implacable, bajo el comando de las grandes corporaciones multinacionales, del capital financiero especulativo, de la aplicación en los procesos productivos de tecnología microelectrónica, cuyo efecto radica en acortar los ciclos de producción y reproducción del capital, dando origen a un nuevo paradigma productivo y organizacional que podemos denominar "automatización flexible", orientado a superar, en los países avanzados, al anterior paradigma "fordista taylorista" de producción en masa.1
En América Latina, estos cambios han implicado:
a) Una profunda crisis estructural, desde la década de los años ochenta, del patrón de acumulación y reproducción del capitalismo dependiente que se había sustentado en la "industrialización sustitutiva de importaciones para el mercado interno", con un fuerte intervencionismo gubernamental que generó un enorme desarrollo del sector paraestatal y de las empresas públicas, que básicamente cumplieron dos funciones complementarias: abaratar el valor de la fuerza de trabajo y los salarios de los trabajadores mexicanos y, subsidiar a las empresas, incluyendo a las transnacionales, para desarrollar el sistema capitalista dependiente en el país, entre 1945-1982.
b) La reestructuración capitalista que comenzó a operar desde 1982, con el objetivo de generar en el país un nuevo patrón de acumulación y reproducción de corte neoliberal, cuya dinámica, al revés del anterior, está sustentada en el mercado exterior y en las exportaciones, incluyendo mercancías con alto contenido tecnológico e industrial.2
c) Con el apoyo del gobierno mexicano, de las grandes empresas del capital privado, (nacional e internacional), del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y del gobierno norteamericano, y con el acicate que significa el voluminoso crecimiento de la deuda externa en la década de los ochenta, termina por imponerse una política de ajuste económico y austeridad social con eje en la apertura externa, la corrección del déficit financiero del Estado, el desarrollo de las importaciones y la privatización de las empresas del Estado.3
Estos cambios, aunados a las reformas constitucionales para adaptar la sociedad y la política a la lógica del neoliberalismo y de la globalización, explican que los mercados internos, tanto los que corresponden al consumo corriente como a la venta de la fuerza de trabajo, tengan que ser modificados, en el sentido de responder a los requerimientos del gran capital, el cual demanda mercados de trabajo flexibles y polivalentes, fácilmente reemplazables. Para ello, desde el punto de vista de la dinámica empresarial, se requiere modificar las leyes y reglamentos en materia laboral, de tal manera que se echen para atrás, o francamente se destruyan, los derechos y conquistas históricas de los trabajadores, tales como el derecho a la antigüedad, al escalafón, a la base en el trabajo, a la delimitación de sus funciones que corresponden a trabajos específicos desplegados y a su escala salarial. En otras palabras, el nuevo capitalismo mexicano demanda una fuerza de trabajo no rígida, dócil, con poca o nula sindicalización, precaria y sin derechos constitucionales reconocidos, reemplazable y rotativa.4