Hardt y Negri se mantienen en un plano puramente ontológico, donde priman las antinomias excluyentes (Estado o multitud) y las caracterizaciones metafísicas (el Estado es malo en sí, la multitud buena en sí). En este sentido, habría también dos posibilidades excluyentes de cambio político: o bien la reformista, entendida como aquella que se mantiene dentro de la lógica del sistema vigente (y que, por tanto, no cambia nada), o bien la revolucionaria, entendida como aquella que rompe abruptamente con dicho sistema. Así, pues, la respuesta que darían a la pregunta aquí planteada sería un rotundo no: cualquier cambio generado desde el Estado se consideraría no más que una reforma funcional al sistema, mientras que cualquier cambio generado desde la multitud sería visto como revolucionario.
Aunque, ¿es tan así? Es claro que, si asumimos la visión del Estado como sostén de las relaciones de dominación y, además, nos planteamos la disyunción excluyente entre reforma y revolución, tenderemos a afirmar que cualquier cambio que pretenda atentar contra el orden vigente habrá de hacerse por fuera del Estado, si no en el sentido de “independiente de él”, al menos sí en vistas a su futura eliminación. Ahora bien, esta no deja de ser una decisión difícil de tomar, sobre todo si se tiene en cuenta la situación de los países latinoamericanos con relación al resto del mundo: mientras la Unión Europea termina de consolidarse, ¿aquí debemos buscar su disolución simplemente porque es “malo”? Lo dicho: una decisión difícil de tomar.
Para evitar la disyuntiva viciosa que se genera es necesario moverse en un plano también ontológico pero que sea al mismo tiempo pragmático, en el cual –sin excluir del todo las antinomias- haya a la vez espacio para la relativización empírica, es decir, para la determinación de los caracteres universales (faceta ontológica) en situaciones concretas y particulares (faceta pragmática). Por ejemplo, podría asumirse una visión negativa del Estado sin desconocerlo como medio de la acción política si se integrara un tercer término al binomio reforma-revolución. Para Enrique Dussel esa tercera opción es la transformación, o sea, “cambiar el rumbo de una intención, el contenido de una norma; modificar una acción o institución posibles, y aun un sistema de eticidad completo, en vista de los criterios y principios éticos enunciados, en el mismo proceso estratégico y táctico” (Dussel, 1998: 543); para él, esos principios éticos se reducen básicamente a “tener como instancia última crítico-práctica a las víctimas de su específico nivel de intersubjetividad (a la mujer en el género, a las razas de color en la discriminación racial, a la vida humana en la tierra ante los sistemas formales económico-tecnológicos de destrucción ecológica, etc.)” (Dussel, 1998: 536). De esta manera, el fin ético es siempre el mismo: la comunidad de las víctimas. Pero dicho fin aparece en relación a una situación concreta (lo que él llama “nivel de intersubjetividad”) y en el marco de una discusión sobre la determinación de los caracteres universales (en los ejemplos citados, la elección de la mujer, de las razas de color y de la vida humana, respectivamente).
Lo primero que ha de determinarse para responder a la pregunta acerca de si es o no posible recuperar un lugar para el Estado y las instituciones (en vistas a una transformación político-social) será, entonces, el fin ético al que apuntemos: se podrá evitar el fantasma del reformismo siempre y cuando el fin quiebre la lógica opresora. Al mismo tiempo, la discusión habrá de darse en función de una situación concreta y particular, de manera que el fin ético pueda efectivizarse de alguna manera: si nos limitáramos a discutir abstractamente el fin y los medios, terminaríamos cayendo en fundamentalismos o posiciones por demás quietistas.
Así, por ejemplo, si emparentamos junto a Dussel el fin ético con la “comunidad de las víctimas” y abordamos la cuestión desde la posición latinoamericana con respecto a los países centrales la respuesta sería que no sólo es posible recuperar el espacio estatal, sino que también es necesario. Al fin y al cabo, no se trata de un problema de espacios, sino de lógicas. Y no es el espacio el que crea la lógica, sino al revés. En ese sentido, es posible ejercer dentro de las instituciones una de las propuestas principales del autonomismo: la política como actividad creativa. Crear espacios que rompan con la lógica imperante, de eso se trata. El dónde crearlos depende, como dijimos, de la situación.