El presente trabajo, no pretende teorizar sobre el tema planteado, sino simplemente, abrir el debate en relación a aquellos problemas vinculados a la gestión de los recursos humanos, que constituyen desafíos comunes a todas las empresas de servicios públicos en éste fin de siglo.
De tal manera, las conclusiones volcadas en el presente, estarán básicamente referidas a la realidad por la que atraviezan aquellas empresas constituídas, a partir del proceso de privatizaciones que tuvo lugar en la Argentina durante la última década.
En tal sentido, resulta necesario analizar el contexto en el cual fueron llevadas a cabo las privatizaciones. El hacerlo, nos servirá para entender los por que del cambio, e identificar los temas cuyo tratamiento se encuentra pendiente.
Nuestra condición de sujeto, nos impide abstraernos de todas aquellas valoraciones y creeencias que nos impone el medio en el que vivimos. Por consiguiente, cada uno de nosostros, de manera conciente o no, se encuentra enrolado detrás de un paradigma.
Por tal razón, debemos asumir que muchas veces, nos vemos tentados de descartar todas aquellas valoraciones que no son aceptadas como ciertas por el paradigma que asumimos como propio. Esto, no solo nos impide vencer dificultades, sino que por sobre todas las cosas nos aleja de la verdad objetiva.
A partir del derrumbe del modelo comunista, y de la ola de democratización producida en los países latinoamericanos, se generalizó en la mayoría de los mismos, el convencimiento de dejar atrás las viejas recetas económicas y abrir paso a una economía de mercado.
El nuevo modelo, refleja el proceso de apertura impulsado por la globalización y la integración económica regional.
El estado, adopta hoy una posición prescindente, abandonado por tanto su rol de empresario. Toda su actividad, queda circunscripta al cumplimiento de sus funciones esenciales tales como, redistribuir del ingreso, fomentar la educación pública, administrar justicia, defender el territorio nacional y garantizar a todos los habitantes el acceso al sistema de salud.
En este contexto, se decidió el paso a manos privadas de manera progresiva, de la totalidad de las empresas de servicios. Pero esta decisión política de privatizar, no debe ser tenida en cuenta como la simple transferencia al sector privado de activos estatales. Constituye en si misma una decisión de enorme trascendencia. Implica, como lo advirtiera el Ing. Gustavo Petracchi el inicio de "...un proceso económico, social, institucional y cultural muy profundo que sitúa a la iniciativa privada como eje de los procesos sociales"
Las nuevas empresas concesionarias, iniciaron su vida en un escenario totalmente diferente al que conocieron sus antecesoras.
Hoy en día, en un mundo en el que las barreras arancelarias tienden a desaparecer a partir de la formación de bloques económicos regionales, solo se cuenta con ventajas competitivas reales.
Por otra parte, los nuevos valores sociales de los que está impregnada la sociedad (democracia, participación, conservación del medio ambiente, individualismo, etc.), hacen que se haya operado una transformación de la opinión pública.
Los hasta ayer usuarios de los servicios, hoy se han transformado en clientes en el más amplio sentido de la expresión. Esto quiere decir que hoy, cada cliente que hace uso de un servicio público, exige de las empresas el mayor nivel de calidad y eficiencia, actitud que se ve afianzada desde los medios de comunicación.
Más allá de todos aquellos mecanismos informales de control, el estado se ha reservado para sí el rol de fiscalizar el accionar de las empresas concesionarias, ejerciendo su poder de policía y regulando el funcionamiento de las mismas.
Tal como lo refiriera el Ing. Francisco Monzón, en mercados monopólicos, el punto de equilibrio entre la oferta y la demanda, raras veces coincide con el de máximo beneficio para la sociedad.
De tal manera, si se dejaran fluir libremente las fuerzas del mercado, podrían generarse situaciones disvaliosas, en las que las empresas priorizarían maximizar sus utilidades, en detrimento de la calidad del servicio brindado a los clientes.
Es esta razón, la que justifica fundamentalmente que el Estado actúe como freno, definiendo reglas y controles, que permitan que la actividad de las empresas prestatarias de servicios públicos, se desarrolle en forma armónica y adecuada con los requerimientos de la comunidad a la que sirven.
Resulta obvio entonces, que el conjunto de la población, espere recibir servicios al precio más bajo y que las empresas adjudicatarias busquen obtener una justa retribución al capital invertido, en el menor tiempo posible.
Habiendo definido entonces cuales fueron los objetivos perseguidos con el proceso de privatizaciones, debemos comenzar a analizar cuales son hoy, los principales problemas a resolver desde la óptica de la gestión de los recursos humanos, para transformar a estas nuevas empresas en empresas sanas, que puedan afrontar con éxito el desafío de dar respuestas satisfactorias, a los requerimientos de la comunidad y de sus accionistas.
