Violencia de género en América Latina - Identificación del fenómeno

Las transformaciones sociales y económicas que ha experimentado nuestro país han afectado profundamente a las familias, sus dinámicas y su composición, como también han afectado las formas de organización y relaciones que las personas desarrollan en la vida privada. Uno de los principales focos del cambio está en la mayor visibilidad y relevancia que se le otorga a los individuos más allá de su pertenencia a la familia, y, por consiguiente, a las relaciones que los individuos contraen tanto en el ámbito público como privado, en el entendido que ambas esferas están relacionadas entre sí.

Desde siempre los conceptos, las prácticas y valores asociados a las nociones de familia y vida privada han ido variando al compás de los cambios sociales. En esta época, la creciente complejidad de las sociedades modernas ha hecho que muchos problemas antes considerados privados, hayan pasado a ser asuntos de competencia pública; esto significa, pasar a ser objeto de políticas públicas o de reformas legales. Así como la educación y la salud eran desempeñadas por las familias y sólo emergen como responsabilidad del Estado después de la revolución industrial; así también hoy vemos emerger situaciones y conflictos en las familias que atentan contra la dignidad y derechos de las personas, como es el caso de la violencia sexual y doméstica, la prevención del aborto, la salud sexual y reproductiva, frente a los cuales en necesario reaccionar, siguiendo mandatos del Derecho Internacional.

En efecto, los últimos 30 años han sido testigos de importantes avances en la consideración de los Derechos Humanos de las mujeres, los niñ@s y otras categorías hasta hace poco excluidas de su condición de sujetos de derechos. Pero a la vez han sido testigos de un debate extremadamente ideólogizado sobre los asuntos de familia y de vida privada. En nombre de la prescindencia del Estado en los asuntos privados, por mucho tiempo, éste ha omitido regular explícitamente los problemas que ocurren puertas adentro de los hogares.

Precisamente por ello, es cada vez más necesario tomar medidas para un efectivo cumplimiento y protección de los derechos de cada uno de los miembros de la familia, de hecho, esto se manifiesta en la promulgación de leyes como la de Violencia Intrafamiliar (1994), de delitos sexuales, y de los proyectos de ley propuestos sobre acoso sexual, divorcio y salud reproductiva.

Sin embargo, estos avances van unidos a la reducción de los sistemas de protección social por parte del Estado, ante lo cual las familias pasan a constituirse en el soporte básico para la resolución de los conflictos sociales.

Esta situación muestra un panorama claroscuro en el cual, a la vez que las mujeres avanzan en el reconocimiento de sus derechos, se recrudecen situaciones conflictivas y tensiones al interior de las familias que requieren ser reguladas.

Es así, como la fuerte interrelación entre familia y trabajo remunerado es fuente de numerosas tensiones y desajustes, pues la participación laboral femenina coexiste con la responsabilidad casi exclusiva de éstas en los hogares. En tal sentido, asistimos a una época en que los cambios son aún parciales y fragmentados en la vida de las personas.

Así, aumentan también los conflictos de pareja y los desequilibrios desde el punto de vista de la calidad de vida de las familias. A nuestro parecer, esto se produce porque la Mujer ha ampliado sus roles que ella desarrolla, pero no así en los estereotipos, ya que, se han mantenido de igual forma que la estructura social, es decir las identidades, las concepciones, y las relaciones entre hombres y mujeres permanecen inalterables.

Otro aspecto relevante, es la visibilidad creciente que han tenido algunas situaciones problemáticas que ocurren al interior de la familia: “la Violencia Intrafamiliar, el abuso sexual de menores, muchas veces por incesto y la violación conyugal, problemáticas que dañan profundamente las relaciones familiares, su bienestar y la protección del derecho a la integridad física y psicológica del resto de sus integrantes”[5].

De acuerdo con un documento publicado por la CEPAL[6] la Violencia contra las mujeres puede ser examinada como el resultado de un conjunto de valores que en el orden simbólico tiene eficacia ideológica y practica. Al aceptarse que la mujer es inferior al hombre se acepta la discriminación como principio ordenador en las diferentes esferas del mundo social: lo laboral, lo económico, la salud, la educación, la representación política y la ley.

La Violencia Contra Las Mujeres no distingue fronteras ni estratos socioeconómicos, sus manifestaciones cobran forma de acuerdo a las diversas realidades sociales, culturales e históricas de cada sociedad. Por ello, las estrategias para la erradicación de prácticas que vulneran los Derechos Humanos de las mujeres son múltiples y todas necesarias.

El peso cultural de la noción de inferioridad de las mujeres respecto de los hombres y de su incapacidad para decidir sobre la propia vida, sostiene la violencia estructural de género que las priva de una vida saludable y de un desarrollo pleno. La asignación de roles estereotipados y pautas de comportamiento concordantes con estas imágenes, constituyen el soporte de un sistema familiar y social jerárquico, en donde el autoritarismo y la violencia son patrones válidos de conducta aprendidos y transmitidos de generación en generación, presentes en todas las esferas de la convivencia humana.